Con la clausura del retén judicial de La Planta, los vecinos
de El Paraíso no tendrán que estar secuestrados por su entorno. En el camino
quedan las balas que volaron, las marcas en ventanas y paredes, el miedo, el
mal recuerdo, las asfixias y, lo más lamentable, el cadáver de Henry Molina, un
inocente que murió por una “bala perdida” salida de esa cárcel.
Pero la realidad es que las balas, aunque perdidas, tienen
responsables. Y esa bala se le escapó a la ministra de prisiones Iris Varela y
al de Interior y Justicia, Tareck El Aissami. No basta con contentarse con que
el recinto se clausura y los pranes se entregan. Esto tiene que ir más allá.
Aún el gobierno no muestra el arsenal de guerra que estaba en manos de algunos
presos gracias a la mafia que involucra a los custodios de las cárceles
venezolanas. Aún el gobierno no dice nada sobre las más de 100 mil municiones.
Silencio. Alegrías falsas y sonrisas forzadas queriendo asumir como un logro lo
que en verdad es una gran tragedia.
El final del episodio de La Planta no fue “pacífico” como
han querido hacer ver. La plomazón, los golpes a familiares, las bombas
lacrimógenas no pueden ser considerados “pacíficos”. El diálogo final, o
negociación, fue una consecuencia de la violencia, no un método para evitarla.
Ahora trasladas el problema a otras cárceles ya de por sí hacinadas. Van
corriendo la arruga, pisando un extremo del cuero seco penitenciario.
La crisis carcelaria seguirá existiendo mientras el retardo
procesal sea su característica principal; mientras los penales estén
sobrepoblados porque el Gobierno no ha construido ni un retén nuevo en 14 años
y más bien ha cerrado varios; mientras las mafias permitan que los pranes se
conviertan en autoridades puertas adentro –y afuera-; mientras no haya Estado
que controle las cárceles, convertidas como ahora en verdaderos “territorios
liberados” donde reina la violencia, donde las instituciones no tienen cabida,
donde los derechos humanos ni existen, donde no hay reeducación ni reinserción
sino entrenamiento delincuencial.
Y mientras tiros iban y venían durante dos semanas de
conflicto violento, de una guerra en plena ciudad capital, nada se sabía del
Presidente de la República. El Vicepresidente estaba ocupado de otras cosas, y
a la Ministra de Servicios Penitenciarios simplemente se le salió el asunto de
las manos. Iris Varela lleva ya un año en el cargo, creado a la luz de la
guerra que también se desató en El Rodeo. Aún hoy no tiene nada positivo que
mostrar, no tiene una gestión que justifique su nombramiento y mucho menos su
continuidad en el cargo. La ministra Varela debe renunciar.
Uno de los pranes mayores de La Planta fue protagonista de la crisis de El Rodeo del
año pasado. Una demostración de que el problema no se soluciona simplemente con
sacar presos y llevarlos a otras cárceles. Eso es esparcir el problema. Claro,
pareciese que la orden fuera sacar el conflicto de Caracas, lejos de las
cámaras de televisión, lejos de la prensa independiente y capitalina con
proyección nacional. Es decir, meter el asunto bajo la alfombra en vez de
solucionarlo. De hecho, los periodistas de los medios independientes no tienen
acceso ni a fuentes oficiales, mucho menos al recinto ni a otros datos.
Censura.
La crisis carcelaria, crónica y culposa, tiene solución
dentro de los peales y fuera de ellos. Adentro hay que impactar a la población
reclusa con educación. Formación, actividades permanentes, deporte, convivencia
y valores, además de la clasificación de los internos por grado de
peligrosidad, tipo de delito y condición judicial de si espera juicio o ya
tiene condena. Jamás habrá reinserción si persiste adentro la exclusión, el
ocio, las malas mañas y el delito continuado de un Estado dentro del Estado.
Afuera, el sistema de justicia debe ser transformado completamente, así como
sanear los cuerpos policiales y asegurar que los procesos se cumplan. Además,
hay que decirlo, hay que construir más cárceles y mejorar las que están, porque
la “humanización” que anunció Tareck El Aissami hace más de 6 años se quedó en
mentiras.
Si un gobierno no es capaz de garantizar la seguridad en
cárceles, que son recintos cerrados, jamás podrá lograr dominar la violencia
suelta en las calles. Menos mal que la incapacidad tiene fecha de vencimiento.
