Llenarse la boca hablando del
Poder Popular no es suficiente para respetar al pueblo. Menos, para que el
pueblo te respete. De nada vale el discurso si la acción atenta contra la
propia iniciativa popular, la misma, por ejemplo, que escoge gobernadores y
alcaldes para que sean administradores de los recursos de todos nosotros. Esa
decisión de la gente también especifica a quién hay que exigir cuentas y a
quién hay que exigir cambios.
Pero el Gobierno, en su afán expropiador,
también quiere confiscar la voluntad del pueblo, sus decisiones y, en el
proceso, acabar con la descentralización. Es un desmontaje descarado que
pretenden hacer de esa descentralización que acerca el poder al pueblo y
permite que sean posibles soluciones en todo el país, sin necesidad de ir hasta
Caracas a pedirle audiencia a algún burócrata.
Tenemos enfrente, pues, una auténtica estafa contra el poder popular y
contra los consejos comunales porque ahora pretenden ahogarlos por el
burocratismo. Quieren confiscarle desde el poder central el oxígeno a la
participación popular.
Con el nuevo paquete de leyes, el
poder popular y los consejos comunales no van a poder actuar. Es una amenaza a
la independencia social, moribunda porque es evidente que, como actúa siempre
este Gobierno, solo permitirán existir y funcionar aquellos que estén plegados
a su parcialidad política. Es la negación de la democracia participativa
establecida no solo en la Constitución, sino vociferada por unos mentirosos
vestidos de rojo.
La amenaza, como vemos, ya no es
solo contra gobernaciones y alcaldías para secuestrar toda instancia de
decisión, sino que ahora con el desmontaje del Estado tampoco se salvan los
consejos comunales. Quieren secuestrar, también, las instancias de participación.
Para lograrlo, quieren que toda
distribución de recursos pase por Miraflores. Dicen que todo se va a transferir
a las comunidades, pero la verdad es que todo se centraliza en el Poder
Ejecutivo y en vez de establecer un sistema de transferencia lo que se está
estableciendo es todo lo contrario, el poder nacional absorbe todos los
recursos. Un Estado gordo lejano del pueblo y de la calle.
Todo comenzó con unas normas de
adecuación que se establecieron en el año 2009, luego de la promulgación de la
Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Luego se creó el Ministerio para las
Comunas que empezó a exigir que se hicieran asambleas parroquiales de
adecuación. La ministra exigió que para poder hacer un proceso de adecuación
tenían que celebrarse jornadas de ideologías a nivel de cada una de esas
asambleas. Por supuesto que tales reuniones terminaron secuestradas por un
partido político, negando su propia esencia y objetivo. Para ellos, la meta era
convertir al poder popular en espacios de adoctrinamiento y politiquería en vez
de expresión de la gente para lograr, con su participación, solventar problemas
de sus comunidades.
Por todo esto hacemos el alerta:
quieren secuestrar el poder que es del pueblo.
Esto hay que denunciarlo y enfrentarlo para no perder lo ya ganado: el
protagonismo comunitario que ahora es incómodo para el Gobierno y por eso
pretende censurarlo.
Apoyamos el recurso de nulidad
interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero en paralelo hay que
hacer más. Por eso estoy comprometido en seguir llevando el mensaje a cada
comunidad, a cada barrio, a cada sector y a cada parroquia. No nos van a
expropiar nuestra participación. Llevaremos el mensaje, la denuncia, la
propuesta y el alerta, pero también el impulso de un cambio que pare en seco
las intenciones confiscatorias de un Gobierno que dejó de creer en el pueblo y
por eso quiere callarlo.
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